La semana pasada, la Corte Constitucional de Colombia admitió a trámite una demanda presentada por Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Cormanizales, corporación encargada de realizar las actividades taurinas de la Feria de Manizales. Esta acción legal pretende declarar inconstitucional la ley aprobada en 2024 que prohíbe las corridas de toros en el país, misma que establece entrar en vigor en tres años (2027) y que, a saber, cuenta con hasta ocho demandas admitidas a trámite, muestra de que el sector está convencido de que dicha norma es un atropello a la libertad. “Básicamente esta demanda hace referencia al derecho libre de escoger el trabajo y el derecho a la propiedad privada pues hay plazas de toros que no son públicas, que no pertenecen a las municipalidades sino que pertenecen a entidades privadas como es el caso de Manizales, cuya plaza pertenece a la Cruz Roja. Estos dos aspectos importantes los acepta la Corte para su estudio; si bien el planteamiento de reconocer la fiesta brava como tradición cultura, fue rechazado por parte de la magistrada Natalia Ángel al mencionar que la jurisprudencia ha evolucionado para reconocer que, aunque el toreo fue considerado una práctica cultural en el pasado, actualmente se percibe como una actividad en conflicto con principios superiores, como la protección animal. Esta demanda tendrá su tiempo de evaluación y estudio y esperamos que pronto tengamos buenas noticias”. La incertidumbre que ha generado la aprobación de esta ley en el gremio taurino ha hecho que la movilización de todos los sectores sea mayor. Hechos tangibles como el tema económico fortalece esta industria: “para una ciudad como Manizales y su feria la temporada taurina es importante pues la ocupación hotelera, los llenos en los restaurantes y altos consumos para diversión y entretenimientos, incluso para los trabajos informales como acomodadores de vehículos o venta de artículos taurinos, ponchos, entre muchos más, tienen ingresos que sólo durante esta época puede ganar, con la prohibición todas estas personas se verían altamente afectadas y alrededor de ello, muchos aspectos más como bien lo mencionó el alcalde, la pérdida de los impuestos que se calculan en más de 30 mil millones de pesos colombianos que deja la temporada taurina y que tendrá que ser evaluado por la Corte Constitucional”. Si bien la derrama económica es importante durante la Feria, la responsabilidad social es el eje central. Recordemos que, como punto fuerte de los festejos, el Festival Taurino Nocturno tiene como fin trasladar todos los recursos que quedan como excedentes al Hospital Infantil para inversión en infraestructura o tecnología. “Sólo como ejemplo, en los últimos dos años se renovaron todas las maquinarias de anestesia de los cuatro quirófanos y se adquirió un microscopio quirúrgico de alta tecnología para bien de los menores”, informa Gómez Muñoz. Para el representante de la Cámara, quien también tiene ingresada una demanda contra la Ley prohibicionista existe cierta inquietud: “pues la opositora, la senadora Esmeralda Hernández, solicitó un espacio de participación ciudadana y por parte de aquellos que estamos a favor de la fiesta, estamos evaluando si de igual forma se solicita ante la Corte Constitucional pues sería importante mostrar con hechos la importancia de la fiesta brava.” “Por otro lado, se observó en la página del Ministerio de Cultura que, dentro de las reglamentaciones que esperan expedir este año, la que compete a la ley de la prohibición de los toros y que se creía que saldría en 2024, para este año sí se tiene en sus planes de trabajo. Esto es delicado, porque se ha mencionado que saldrá con los máximos estándares de protección animal, lo que implicaría la modificación de los festejos taurinos, desde el cambio de tercios o la muerte del animal”. Por otro lado, “existe una crisis en las finanzas del Estado muy grande y la duda queda en saber de dónde saldrán todos los recursos que dijeron que subsidiarían (aunque no le pusieron valor en el momento de aprobación de la ley) a todos aquellos que se quedarían sin trabajo además de la creación de un espacio especial para los toros para que no desparezca la especie e incluso la propuesta de transformar en centros culturales las plazas de toros, todas estas iniciativas requieren dinero y no está presupuestado ni para este año, ni el próximo.” Si bien la Corte Constitucional tendrá que evaluar todos estos aspectos, pero sobretodo garantizar los derechos e ingresos de todos aquellos que participan en esta industria (trabajadores, toreros, ganaderos, etc.), además de tener el compromiso de conocer a profundidad todas y cada una de las actividades que se realizan y la importancia de cada una de ellas. Los espacios para salvaguardar a los toros de lidia existen, se llaman ganaderías, son entornos ecológicos creados para mantener en estado natural la especie y que a su vez, protegen la biodiversidad de la zona. Probablemente se desconoce que estos espacios son respiradores naturales y que además, generan empleos en las zonas donde se localizan. Habrá que seguir muy de cerca las decisiones que tanto el Ministerio de Cultura y la Corte Consitucional tomen respecto a esta Ley que más que beneficiar intenta coartar la libertad de una minoría que también tiene voz.
